Exjueces destituidos aguardan definición sobre millonario resarcimiento. Y la ABDDHH hara el seguimiento de este caso
En el programa regional cruceño El Titular, Víctor Hugo Velasco Iporre, presidente de la Asociación Boliviana de Derechos Humanos, se refirió sobre la cesación arbitraria de decenas de jueces durante el gobierno de Evo Morales y pidió al actual Procurador General dar cumplimiento a los fallos internacionales que ordenan su indemnización. Recordó que al menos 20 jueces iniciaron en 2017 una acción ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual falló a su favor, estableciendo un resarcimiento cercano a los 4,5 millones de dólares. “Estos jueces fueron apartados políticamente, pese a haber sido nombrados por meritocracia, y se les impidió ejercer libremente la profesión. Por ello deben ser indemnizados y reincorporados”, afirmó.
El activista advirtió que, si el Estado no cumple con los pagos, el caso podría llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica. Asimismo, instó al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, y a la Asociación de Magistrados de Bolivia a respaldar a sus colegas y coadyuvar en la ejecución de los resarcimientos. En declaraciones a ANN Noticias, Velasco añadió que tomará contacto con la representación de los jueces cesados y hará un seguimiento cercano del caso, reiterando su acuerdo con el resarcimiento que debe asumir el Estado a través del órgano de justicia boliviano.
La controversia se mantiene abierta desde 2019, cuando los afectados denunciaron ante la CIDH los despidos arbitrarios. En 2022, la Comisión admitió las denuncias al encontrar responsabilidades estatales en las cesaciones. Desde entonces, el proceso se consolidó en un “megacaso” que reúne las peticiones de 16 jueces y un fiscal, y que aguarda un informe de fondo para ser remitido a la Corte IDH.
Arturo Yáñez, abogado de los exjueces, informó que el martes se presentó una nota al procurador Hugo León La Faye solicitando una reunión para retomar la “exploración interna” iniciada en 2023 con anteriores procuradores. Este mecanismo busca una solución amistosa que evite un juicio internacional. “Estamos esperando el informe de fondo y hemos pedido que la Comisión presente el caso a la Corte IDH para que el Estado sea juzgado”, señaló Yáñez en entrevista con Correo del Sur Radio.
El sistema interamericano contempla una fase de negociación en la que las partes pueden alcanzar un acuerdo que evite la judicialización del conflicto. Sin embargo, tras varios intentos fallidos de conciliación, los exjueces mantienen la expectativa de que el Estado boliviano asuma su responsabilidad y evite un proceso que podría tener repercusiones internacionales.
Justicia.
Santa Cruz.
ANN Noticias.